Las minas terrestres antipersonal y otros restos explosivos de guerra continúan representando una gravísima amenaza para los niños en todo el mundo, como recalcó la UNICEF en la víspera del Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas.
En decenas de países del mundo, aun años después de la finalización de los conflictos armados, los civiles siguen muriendo o sufriendo lesiones diariamente debido al estallido de minas terrestres antipersonal u otra munición sin estallar. Se calcula que solamente en 2007, 5.426 personas murieron o sufrieron mutilaciones debido al estallido de minas y otros artefactos explosivos abandonados por las fuerzas armadas.
Los niños, y especialmente los varones, son quienes corren mayor peligro, y constituyen más del 30% de las víctimas de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra, que suelen confundir con juguetes.
En 2007, aproximadamente un 60% de las bajas debidas a los restos explosivos de guerra fueron niños, de los cuales el 49% fueron varones y el 12% niñas.
Entres las posibles lesiones debidas a esos artefactos figuran la mutilación de brazos o piernas, o la pérdida de la vista o la audición. Las víctimas pueden sufrir discapacidad permanente, lo que significa que requieren atención inmediata y apoyo a largo plazo. Sin embargo, debido a que en algunos países donde se producen lesiones de este tipo la población afectada carece de atención médica o servicios de rehabilitación, los niños damnificados no pueden ir a la escuela, lo que limita sus posibilidades durante el resto de sus vidas.
Cuando las víctimas de las minas terrestres y otros artefactos explosivos son los padres, los niños también sufren graves consecuencias. Cuando un niño carece de uno o am
bos progenitores, corre peligro de no recibir la alimentación adecuada, de no ser inmunizado, de carecer de protección contra la explotación y el abuso o de verse obligado a dejar de estudiar para colaborar con el mantenimiento de su familia.
Las minas terrestres y otros restos explosivos de guerra también constituyen peligrosos obstáculos para el desarrollo normal de la vida de las comunidades, ya que las personas corren peligro al dirigirse a sus hogares, a la escuela o a los establecimientos donde reciben servicios sanitarios o sociales. Además, la presencia de esa munición sin estallar en las tierras de cultivo atenta contra el bienestar y los medios de vida de las familias campesinas.
Para agosto de 2008, diez años después de que entrara en vigor el Tratado sobre la prohibición de las minas terrestres, se calculaba que esos artefactos aún representaban una mortífera amenaza en más de 70 países. Más de 25 estados sufren también la amenaza latente de las bombas de dispersión y la munición sin estallar.
La eliminación de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra, así como el aumento de la capacidad de los países para satisfacer las necesidades de las víctimas y ayudarles a reintegrarse en la sociedad, son condiciones imprescindibles para que los niños y niñas de los países afectados puedan disfrutar de un desarrollo pleno. Para lograr esos objetivos se requiere ayuda internacional y de los donantes a los países y organizaciones que trabajan para mitigar los daños causados por las minas terrestres y los restos explosivos de guerra.
UNICEF aboga firmemente contra las minas terrestres y otras armas de efecto indiscriminado y fomenta la firma, ratificación y aplicación del Tratado de prohibición total de las minas antipersonal, la
Convención sobre Municiones en Racimo y otros tratados conexos.
UNICEF colabora desde hace 15 años con las actividades relacionadas con las minas terrestres en 35 países mediante la prestación de apoyo técnico y financiero para la elaboración y ejecución de proyectos de lucha contra esos artefactos, en especial las actividades de información sobre los peligros que representan las minas terrestres.
UNICEF también promueve la causa de las víctimas de las minas y los restos explosivos de guerra, así como de otras personas con discapacidad, especialmente los niños menores de 18 años, a fin, de garantizar que se escuchen sus voces, se respeten sus derechos, se satisfagan sus necesidades básicas y puedan participar plenamente en sus sociedades.
En decenas de países del mundo, aun años después de la finalización de los conflictos armados, los civiles siguen muriendo o sufriendo lesiones diariamente debido al estallido de minas terrestres antipersonal u otra munición sin estallar. Se calcula que solamente en 2007, 5.426 personas murieron o sufrieron mutilaciones debido al estallido de minas y otros artefactos explosivos abandonados por las fuerzas armadas.
Los niños, y especialmente los varones, son quienes corren mayor peligro, y constituyen más del 30% de las víctimas de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra, que suelen confundir con juguetes.
En 2007, aproximadamente un 60% de las bajas debidas a los restos explosivos de guerra fueron niños, de los cuales el 49% fueron varones y el 12% niñas.
Entres las posibles lesiones debidas a esos artefactos figuran la mutilación de brazos o piernas, o la pérdida de la vista o la audición. Las víctimas pueden sufrir discapacidad permanente, lo que significa que requieren atención inmediata y apoyo a largo plazo. Sin embargo, debido a que en algunos países donde se producen lesiones de este tipo la población afectada carece de atención médica o servicios de rehabilitación, los niños damnificados no pueden ir a la escuela, lo que limita sus posibilidades durante el resto de sus vidas.
Cuando las víctimas de las minas terrestres y otros artefactos explosivos son los padres, los niños también sufren graves consecuencias. Cuando un niño carece de uno o am
bos progenitores, corre peligro de no recibir la alimentación adecuada, de no ser inmunizado, de carecer de protección contra la explotación y el abuso o de verse obligado a dejar de estudiar para colaborar con el mantenimiento de su familia.Las minas terrestres y otros restos explosivos de guerra también constituyen peligrosos obstáculos para el desarrollo normal de la vida de las comunidades, ya que las personas corren peligro al dirigirse a sus hogares, a la escuela o a los establecimientos donde reciben servicios sanitarios o sociales. Además, la presencia de esa munición sin estallar en las tierras de cultivo atenta contra el bienestar y los medios de vida de las familias campesinas.
Para agosto de 2008, diez años después de que entrara en vigor el Tratado sobre la prohibición de las minas terrestres, se calculaba que esos artefactos aún representaban una mortífera amenaza en más de 70 países. Más de 25 estados sufren también la amenaza latente de las bombas de dispersión y la munición sin estallar.
La eliminación de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra, así como el aumento de la capacidad de los países para satisfacer las necesidades de las víctimas y ayudarles a reintegrarse en la sociedad, son condiciones imprescindibles para que los niños y niñas de los países afectados puedan disfrutar de un desarrollo pleno. Para lograr esos objetivos se requiere ayuda internacional y de los donantes a los países y organizaciones que trabajan para mitigar los daños causados por las minas terrestres y los restos explosivos de guerra.
UNICEF aboga firmemente contra las minas terrestres y otras armas de efecto indiscriminado y fomenta la firma, ratificación y aplicación del Tratado de prohibición total de las minas antipersonal, la
Convención sobre Municiones en Racimo y otros tratados conexos.
UNICEF colabora desde hace 15 años con las actividades relacionadas con las minas terrestres en 35 países mediante la prestación de apoyo técnico y financiero para la elaboración y ejecución de proyectos de lucha contra esos artefactos, en especial las actividades de información sobre los peligros que representan las minas terrestres.
UNICEF también promueve la causa de las víctimas de las minas y los restos explosivos de guerra, así como de otras personas con discapacidad, especialmente los niños menores de 18 años, a fin, de garantizar que se escuchen sus voces, se respeten sus derechos, se satisfagan sus necesidades básicas y puedan participar plenamente en sus sociedades.
