
El caso, que estaba listo para ser examinado en un tribunal de Estados Unidos la próxima semana, fue denunciado por familiares de un grupo de opositores a la compañía que fueron ejecutados en 1995 por el gobierno militar nigeriano.
Según las familias, Shell ayudó al gobierno a castigar a los que participaron en protestas por las actividades de la petrolera en el país africano suministrando armas a la policía nigeriana.
Pero la compañía defiende que no hizo nada malo y que el dinero que ahora pagará es parte de un "proceso de reconciliación".
Malcolm Brinded, uno de los directivos de la empresa, aseguró que "este gesto también reconoce que, a pesar de que Shell no participó en la violencia que tuvo lugar, los demandantes y otros han sufrido".
La compañía "siempre sostuvo que los hechos de los que se le acusaba eran falsos", dijo.
Una "victoria" para los activistas
En 1990 se creó un grupo de activistas -entre los que estaba el destacado escritor Ken Saro-Wiwa- que pretendía mostrar al mundo el daño que, según ellos, estaban causando al medio ambiente las perforaciones de Shell en el Delta del río Níger.
Estos activistas fueron encarcelados por el gobierno, que les acusó de haber ordenado el asesinato de cuatro líderes locales.
Después de un juicio en el que se les declaró culpables, Saro Wiwa y ocho activistas más fueron condenados a la horca. Desde entonces, sus familiares han peleado en los tribunales para que se reconociera la participación de Shell en el proceso.
Según el corresponsal de asuntos económicos de la BBC en Nueva York, Greg Wood, la ejecución de este grupo provocó numerosas protestas en todo el mundo, ya que entre las acusaciones formuladas por los familiares estaban las de tortura por parte de funcionarios del gobierno.
Acuerdo por una vía rápida
El hijo de Saro-Wiwa dijo que su padre habría estado contento por el acuerdo alcanzado.
Paul Hoffman, uno de los abogados de las familias, también expresó su satisfacción por el resultado de las negociaciones.
"Hemos tenido litigios con Shell durante 13 años y, al final del día, las familias serán compensadas por los abusos de los derechos humanos que sufrieron", dijo.
"Si hubiésemos ido a juicio y lo hubieramos ganado, los demandantes padecerían años de apelaciones".
Los abogados dijeron que gran parte del dinero se donaría al pueblo de Ogoniland, la zona que Saro Wiwa quería proteger de las explotaciones.
Este caso llegó por primera vez a EE.UU. en 1996, ya que un viejo estatuto legal permite a la gente denunciar abusos de derechos humanos ante cortes estadounidenses, incluso si los supuestos crímenes se cometen fuera de este país.
En este caso, los denunciantes acusaron a Shell de haber pagado a tropas del gobierno para disparar a la población que protestaba contra las perforaciones.
"Estábamos preparados para limpiar nuestro nombre en un tribunal, pero creemos que lo mejor es centrarnos en el futuro de la gente de Ogoni, ya que es importante para la paz y la estabilidad en la región", dijo Malcolm Brinded.