El Gobierno de Guatemala anunció este la decisión de suspender la explotación de la mina Marlin perteneciente a la empresa canadiense Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala.
Tras la insistencia de diferentes organizaciones solidarias y movimientos de población autóctona, esta decisión fue impulsada por las medidas cautelares exigidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, y a pesar de que el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, hizo saber que su gobierno actuará en consecuencia con estas medidas, paralizando la mina Marlin en San Miguel de Ixtahuacán, la empresa canadiense continúa con la explotación.
El Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) aplaudió la decisión gubernamental, pero insistió en que las acciones “deber ir más allá del discurso”, y obligar a la empresa a finiquitar la operación minera en la zona.
La compañía minera rechazó la decisión, declarando su intención de seguir adelante con su actividad.
El Consejo de los Pueblos de Occidente por su parte, responsabiliza al Estado de Guatemala y a las empresas mineras del incremento de la violación de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de la población, que ha sido constantemente castigada por exigir justicia y respeto de sus territorios.
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