Las autoridades chinas han intimidado y detenido ilegalmente a progenitores y otros familiares de los niños y niñas que murieron en el devastador terremoto de Sichuan y han acosado a activistas y abogados que trataban de ayudarlos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público en el aniversario del desastre.El informe de Amnistía Internacional, Justice Denied: Harassment of Sichuan earthquake survivors and activists, documenta casos de progenitores y familiares que han pasado hasta 21 días bajo custodia por tratar de obtener de las autoridades respuestas sobre por qué murieron sus hijos. A algunos los han detenido en varias ocasiones, y el detenido más joven sólo tenía ocho años.
“Al encerrar ilegalmente a los progenitores de los niños y niñas muertos, el gobierno está sometiendo a una desdicha aún mayor a unas personas que en algunos casos aseguran haberlo perdido todo en el terremoto de Sichuan”, ha manifestado Roseann Rife, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“El gobierno de China debe dejar de acosar a los supervivientes del terremoto que buscan respuestas y tratan de recoger los pedazos de sus vidas destrozadas.
” El informe de Amnistía Internacional ha concluido que en algunos casos las autoridades han impedido a progenitores y familiares denunciar ante autoridades de altas instancias la calidad de los edificios que se vinieron abajo en el terremoto, y muchos de estos progenitores han sido sometidos a detención arbitraria o vigilancia ilegal para impedirles buscar soluciones legales. Algunos activistas que ofrecieron ayuda y algunos representantes de los progenitores se enfrentan a juicios de motivación política por delitos vagamente definidos relativos a la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público.
Las autoridades también les han denegado el acceso a los tribunales para determinar quién es el responsable del derrumbe de las escuelas y la muerte de sus hijos e hijas. En una directiva emitida por el tribunal provincial de Sichuan se prohíbe a todos los tribunales inferiores, hasta que los departamentos correspondientes den nuevas instrucciones, aceptar casos considerados delicados, incluidas las disputas por la indemnización por lesiones personales o daños a la propiedad causados por el derrumbe de los edificios y las disputas por las indemnizaciones de las compañías de seguros.
“El coste humano del terremoto de Sichuan fue incalculable, pero las autoridades deben hacer cuanto esté en su mano para proteger los derechos de los supervivientes y poner fin a las detenciones ilegales, así como para permitir que los abogados y la sociedad civil desempeñen su importante función de rendición de cuentas”, ha manifestado Roseann Rife. Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que emprendan acciones inmediatas para garantizar que el sistema de justicia trabaja para los progenitores y los supervivientes, permitiéndoles acceder sin trabas a tribunales independientes e imparciales y a los abogados y activistas que han ofrecido su ayuda.
El informe Justice denied: Harassment of Sichuan earthquake survivors and activists incluye entrevistas con progenitores de niños y niñas muertos durante el terremoto, abogados, expertos en leyes, intelectuales y activistas que defienden sus derechos, así como traducciones de las circulares emitidas por el Tribunal Superior Popular de Sichuan en las que se dan instrucciones a los tribunales inferiores para que no acepten casos relacionados con el terremoto que se consideren delicados.
