Aunque el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y el procurador de Justicia estatal, Carlos Zamarripa Aguirre en reiteradas ocasiones han dicho que las seis mujeres encarceladas en Guanajuato no purgan penas por abortar, los testimonios dicen otra cosa.
La organización estatal en favor de los derechos de las mujeres “Las Libres” ha documentado que las seis jóvenes, de escasos recursos económicos y sin educación, que permanecen encarceladas y acusadas del delito de “homicidio en razón de parentesco” sufrieron en realidad un aborto espontáneo.
Verónica Cruz Sánchez, presidenta de “Las Libres”, considera que estos casos muestran “la brutalidad del gobierno de Guanajuato” ejercida contra mujeres pobres con el único fin de criminalizar la interrupción del embarazo, por esta razón compartió con la agencia CIMAC algunos de los testimonios de quienes aún purgan condenas en prisión.
Delitos fabricados
Estas mujeres, a quienes nos referimos por sus apellidos, son originarias del noreste de Guanajuato, una de las zonas más marginadas la entidad. En promedio, ingresaron a la cárcel a los 18 o 19 años y tienen cerca de cinco años en reclusión por un delito que – afirman las activistas- fue “fabricado”.
Moreno, es una joven de 23 años de edad, que tuvo su primer hijo a los 15 años producto de una violación. Cuando se enteró de que estaba embarazada por segunda ocasión la invadió el miedo y el temor a la reacción de su familia.
Ella lleva cinco años en la cárcel y fue condenada de 27 años de prisión. “Estaba en mi casa, sentí ganas de orinar… cuando lo saqué vi que traía el cordón umbilical enredado en el cuello, me di cuenta de que estaba muerto, después no supe que hacer…”
Alarcón es otra mujer de 26 años criminalizada por abortar, es madre de una niña de seis años; ha pasado 10 meses en la cárcel y purga una sentencia de 29 años. “Salí al patio a hacer del baño, sentí mucho dolor y después perdí el conocimiento, mis papás salieron a buscarme porque ya me había tardado y me encontraron desmayada”.
Denunciadas por personal del sector público de salud
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) ha recomendado a México reducir el número de embarazos no deseados, no planeados o de alto riesgo, como una forma de contribuir a la prevención del aborto, y a la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.
En estos casos, los trabajadores del sector salud de Guanajuato optaron por denunciar a las mujeres que vivieron un aborto espontáneo, en lugar de tomar las acciones necesarias para atender la salud reproductiva de ellas, y de quienes viven en las localidades con mayor rezago en la entidad.
Montoya fue denunciada por una doctora y ahora purga una sentencia de 30 años, lleva cinco en prisión. Relata “un día amanecí con vómito y dolor de estómago, tenía una semana de retraso…por la tarde cuando fui al baño me di cuenta que ya estaba reglando…duró toda la semana, mi mamá me llevó al Seguro (hospital público) para que me revisaran y la doctora me denunció, dijo que había tenido un aborto”.
Montoya tiene 26 años, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, se enteró el día que la detuvieron luego de acudir al Seguro Social y ser denunciada por una doctora, desde entonces sus sueños de estudiar quedaron truncos, su delito fue quedar embarazada y no darse cuenta.
Rocha, de 26 años de edad es madre de una niña de cinco años. Lleva seis años encarcelada y aún le faltan 19 para cumplir su sentencia, también tuvo un aborto espontáneo “ese día en la madrugada tenía ganas de ir al baño y fue cuando se me vino el producto… me di cuenta que estaba muerto”.
Al encontrarse sola, con miedo y sin dinero, hizo todo para que su familia no se enterara, pero ante los malestares que sintió, fue a una clínica pública y una trabajadora social la denunció.
Al igual que Montoya y Rocha, Juárez fue denunciada por la clínica a donde acudió. Ella ya tenía una hija, cuando a sus 18 años quedó embaraza por segunda vez. Ella tuvo un aborto espontáneo por el cual lleva ocho años en la cárcel, pero su condena es de 25.
Un día se sintió mal, pensó que tenía diarrea, así que se dirigió a la letrina, después regresó a su cuarto. “Mi hermano me vio sangrando avisó a mi mamá quien me llevó al hospital”, en el lugar no la atendieron, pero la denunciaron.
Su mayor delito, ser mujeres de bajos recursos y sin información
Otras de las recomendaciones de la Cedaw hacia los Estados son fortalecer la estructura familiar, propiciando una actitud responsable hacia la sexualidad y la reproducción y además proporcionar información y servicios de alta calidad para las adolescentes embarazadas con énfasis en consejería y anticoncepción.
A pesar de esto, Frías es una mujer que no fue a la escuela, no sabe leer, ni escribir. A sus 39 años de edad, fue violada sistemáticamente por un vecino pero el miedo, las amenazas y la vergüenza influyeron para que no denunciara, y por la misma razón, jamás acudió a recibir atención médica pues la avergonzaba que la vieran o intentaran tocarla.
De esas agresiones tuvo cuatro embarazos, tres hijos, y un aborto por el cual tiene una sentencia de 30 años, lleva cinco en la cárcel.
“Salí a traer el rastrojo… sentí dolor en la panza… los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer encima del rastrojo, comencé a pujar para que saliera… estaba muerto”. Finalmente fue por una señora que era partera, quien la denunció.
Hasta ahora la información actualizada por “Las Libres” indica que 166 mujeres han sido denunciadas por médicos de hospitales públicos, otras 14 ya tienen un proceso penal en su contra, nueve han sido sentenciadas y 30 más fueron consignadas y están en espera de entrar a la cárcel.
