La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó hoy que ha solicitado la colaboración en calidad de asesor del Juez Baltasar Garzón, de España, por un plazo de siete meses, con el fin de que preste su ayuda para mejorar los métodos de investigación de esa oficina.
“La amplia experiencia del juez Garzón en la investigación de crímenes masivos cometidos tanto por Estados como por organizaciones no estatales supondrá una valiosa aportación a la Fiscalía que dirijo”, declaró el Fiscal, Luis Moreno Ocampo.
Garzón ha trabajado anteriormente con la Fiscalía de la CPI en el caso del examen preliminar que se lleva a cabo en Colombia.
Además de tener asesores de alto nivel, la Fiscalía también cuenta con un consejo consultivo jurídico. El Estatuto de Roma encomienda al Fiscal el nombramiento de asesores jurídicos especialistas en determinados temas. Estos expertos trabajan pro bono.
La CPI es un tribunal permanente independiente que investiga y procesa a individuos acusados de los crímenes más graves como los de lesa humanidad, de guerra y genocidio.
Un juez polémico que sentó precedentes interna y externamente
Para sorpresa del mundo, y especialmente del Derecho Internacional, Garzón ordenó la detención del ex dictador Augusto Pinochet, que se encontraba en Londres, acusado de la desaparición de ciudadanos españoles en Chile durante la dictadura del general (1973-1990). El caso dio notoriedad internacional al ya popular juez, eso sucedió el mismo año en que se aprobó en Roma el estatuto de la Corte Penal Internacional, en 1998.
Más tarde (2000) perseguiría también a otros militares argentinos por las mismas razones. Entre ellos destaca la detención en México y posterior extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo, acusado de los delitos de terrorismo, genocidio y torturas, presuntamente cometidos cuando integraba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina durante la dictadura militar (1976-1983).
Estos casos rodearían al magistrado de un halo de ‘leyenda de la justicia’ –al menos por un tiempo-
En España dictaría numerosos sumarios contra la organización separatista ETA, así como varios casos importantes vinculados al tráfico de drogas, como las operaciones «Nécora» (1990); llevó la instrucción sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) –en tiempos de la presidencia del socialista Felipe González-
En 2002 llevó al banquillo a importantes funcionarios del Banco Bilbao Vizcaya (BBV)-Privanza, por el caso de fondos de pensiones secretos, por un importe de 19.26 millones de dólares. Así como también la polémica ilegalización de Batasuna, el partido político identificado como ‘el brazo armado’ de la ETA, a quienes acusó de ‘integración en organización terrorista’. Lo mismo ocurrió con el Partido Comunista de España, reconstituido -PCE(r)- por considerarlo cómplice de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (Grapo
En 2008 manifestó su intención de investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, e instruyó la apertura de 19 fosas comunes diseminadas en toda España, una decisión que le supuso una fractura con sus colegas magistrados.
Nacido en 1955, Baltasar Garzón Real ha recibido diversos premios tanto en su país como fuera de sus fronteras, entre los que destacan el Premio Internacional Paz y Solidaridad de la Fundación Ignis Ardens de Roma (1995), el reconocimiento a la Contribución para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional (1998), el de Mejor Juez de Latinoamérica (1999/2000), la Medalla de Oro al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas (2001) y el Premio Extraordinario al Compromiso Social otorgado por la Confederación de Jóvenes Empresarios (2002).
