Las autoridades del sur de China no deben violar los derechos humanos al poner en práctica las medidas, según los informes, para esterilizar este mes a miles de personas en un intento de cumplir los objetivos de planificación familiar, señaló en un comunicado Amnistía Internacional.
Según informaciones de los medios de comunicación chinos, funcionarios de la ciudad de Puning, en la provincia de Guangdong, pretenden esterilizar antes del 26 abril a 9,559 personas, algunas en contra de su voluntad.
Las autoridades comenzaron el 7 de abril la campaña para esterilizar a personas que ya tienen por lo menos un hijo.
Cuatro días más tarde, las autoridades anunciaron que ya habían alcanzado el 50% de sus objetivos. Un médico local contó a los medios de comunicación que estaba programado que su equipo trabajara al día siguiente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la madrugada.
"Las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo por las autoridades equivalen a tortura y la premura de las intervenciones plantea dudas sobre su seguridad y su posible repercusión sobre la salud", ha manifestado Roseann Rife, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
También se afirma que en la campaña se incluye educación pública sobre políticas en materia de planificación familiar.
Detenciones y manipulación como parte del programa
Según los informes disponibles, las autoridades de la ciudad de Puning han detenido además a 1,377 personas, familiares de parejas seleccionadas para ser esterilizadas, con el propósito evidente de presionarlas para que accedan a someterse a la operación.
Las autoridades han defendido la campaña, alegando que en la zona existe un gran número de trabajadores migrantes en edad fértil y que algunos de los residentes no han comprendido la normativa sobre planificación familiar y, por tanto, la han incumplido.
Según el sitio web oficial de la ciudad, Puning cuenta con una población de 2,228 millones de habitantes.
En septiembre de 2002, China aprobó la Ley sobre población y planificación familiar en un intento de unificar en todo el país las políticas en materia de planificación familiar y salvaguardar los derechos de las personas.
De acuerdo a sus propias leyes, está prohibido recurrir a la coacción, incluido detener a familiares, al aplicar estas políticas, y también según esta ley y su normativa, a las familias que habitan en zonas urbanas se les permite tener un único hijo, aunque existen excepciones.
Y quien nace fuera del control gubernamental “no existe”
Las políticas dirigidas a las personas que viven en zonas rurales son menos restrictivas y se suelen aplicar con menos rigor. La aplicación de la ley es distinta además dependiendo de la localidad. A las parejas que habitan en zonas rurales se les permite tener más de un hijo, por ejemplo, si el primero es una niña.
En el ámbito local las cuotas de natalidad, que se logran cumplir mediante un sistema de severas sanciones e incentivos, juegan un papel destacado en esta política. Se han seguido recibiendo informes de abortos y esterilizaciones forzadas y se cree que pocos funcionarios han sido castigados o puestos a disposición judicial por cometer tales abusos.
A los niños y niñas que nacen una vez alcanzada la cuota no se les expiden documentos de registro de residencia, denominados hukou, sin los cuales no pueden acceder a atención médica, educación ni otras prestaciones sociales.
