El Tribunal Penal Internacional (TPI) aceptó una petición del fiscal del tribunal para iniciar una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Kenia en las últimas elecciones generales.
La decisión, adoptada el pasado miércoles -31 de marzo- por la mayoría de los jueces del tribunal, indica que la información disponible proporciona una base razonable para creer que este tipo de delito se cometió en el país del Este de África.
La investigación cubrirá los eventos que tuvieron lugar entre junio de 2005 y noviembre de 2009, en particular la violencia que siguió a las elecciones de diciembre de 2007, periodo en el cual murieron alrededor de 1,200 personas y otras 350,000 huyeron del país por temor a perder la vida.
A juicio, del fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, durante ese periodo altos funcionarios y empresarios vinculados a los principales partidos políticos en el país organizaron, instigaron y financiaron ataques contra civiles en función de su origen étnico o político.
Ocampo también dijo que miembros de alto rango del partido gobernante y la oposición fueron motivados por ambiciones políticas para mantener o alcanzar el poder y hacer uso de sus redes de contactos personales, el gobierno tribal o de negocios para cometer delitos.
El fiscal dio a los magistrados del Tribunal Penal Internacional una lista que contiene una descripción de los incidentes más graves y los nombres de 20 personas que supuestamente serían los principales responsables de los crímenes.
Kenia se adhirió al Estatuto de Roma que creó el TPI en marzo de 2005, siete años después de la aprobación de la Convención.
Sanar las heridas para cambiar el futuro de Kenia
El fiscal del TPI Luis Moreno Ocampo, expresó su confianza en que la investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad en Kenya “reformen el futuro y curen el pasado” de ese país.
En conferencia de prensa en La Haya un día después de que la CPI diera luz verde a la solicitud de la Fiscalía de investigar el caso, Moreno Ocampo explicó el curso que seguirán las pesquisas.
“Ahora que la indagación ha sido autorizada, viajaré a Kenya en mayo. Me reuniré con quienes sufrieron la violencia y visitaré algunas escenas de crimen. Escucharé a las víctimas, respetaré sus declaraciones y pediré ante la Corte que se les haga justicia”, dijo.
En este sentido, instó a las víctimas a participar en el proceso, a rendir testimonio y a reclamar que la justicia los compense por los crímenes cometidos.
Por otra parte, el fiscal destacó la obligación tanto de la Corte como del gobierno de Kenya de proteger a los testigos
Aclaró que el gobierno keniano ha manifestado su disposición de cooperar con la investigación y señaló que también celebrará encuentros de alto nivel con las autoridades.
Moreno Ocampo consideró que la investigación constituye una oportunidad para que todos los kenianos trabajen unidos y se acerquen a la reconciliación por medio de la justicia. Sólo así se evitará que haya más violencia, apuntó.
La investigación fue solicitada en noviembre pasado por la Fiscalía de la CPI en vista de las 1,220 muertes y el desplazamiento de más de 350,000 personas a causa de la violencia suscitada después de las elecciones de diciembre de 2007.
El periodo de disturbios, durante el cual se documentaron cientos de violaciones y otros atropellos a los derechos humanos, se extendió más de 40 días a principios de 2008.
En la petición de las pesquisas a los jueces, el fiscal sostuvo que los líderes políticos de Kenya organizaron y financiaron los ataques a la población civil perpetrados tras los comicios, y presentó a los jueces los nombres de 20 de esos responsables.
Además, consideró que los dirigentes del Movimiento Democrático Naranja (ODM) –partido del primer ministro Raila Odinga – y del Partido de la Unidad Nacional (PNU) –al que pertenece el presidente Mwai Kibaki – “se guiaron por objetivos políticos para retener o ganar el poder”.
