Un informe emitido por Amnistía Internacional y por Omega Research Foundation, asegura que aún después de la implementación de normas jurídicas, diversas empresas europeas continúan comercializando mundialmente ‘instrumentos de tortura’.
El informe denominado "De las palabras a los hechos" relata que aparatos como esposas que liberan choques eléctricos de hasta 50 mil volts, esposas para pulgares, y armas de electroshock son utilizadas por la policía y por fuerzas de seguridad para torturar.
El informe será debatido ampliamente durante una reunión que se realizará el próximo 18 de marzo en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica.
En la ocasión, las entidades responsables de la organización del informe pedirán a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que corrijan las lagunas que están destacadas en el informe y que hagan que el reglamento sea cumplido en forma adecuada.
La prohibición del comercio internacional, por parte de Europa, de este tipo de instrumentos y la reglamentación de la venta de otros materiales similares fue decretada en 2006 con la intención de evitar casos de tortura y malos tratos.
La implementación de esta norma jurídica fue una victoria que costó a las organizaciones de derechos humanos más de diez años de lucha. Aún así, después de tres años de control, varios estados europeos continúan sin cumplir definitivamente la reglamentación.
De acuerdo con el informe, una prueba de ese incumplimiento es que "entre 2006 y 2009, la República Checa emitió licencias de exportación de esposas para pies, armas de electroshock y pulverizadores químicos; Alemania por su parte, hizo lo mismo con instrumentos que emiten corrientes para los pies y pulverizadores químicos- y otros nueve países más donde la policía y las fuerzas de seguridad habían usado con anterioridad estos materiales para infringir torturas y otros malos tratos también están en la lista de estas exportaciones".
"De las palabras a los hechos" también revela que Hungría, estado de la Unión Europea, declaró que pretendía introducir en las cárceles y delegaciones de policía instrumentos como "cinturones paralizantes" eléctricos.
El problema reside en el hecho de que este tipo de aparato fue prohibido por ser considerado que "su uso constituye intrínsecamente tortura o malos tratos".
Otra revelación contundente de Amnistía Internacional y de la Omega Research Foundation es que solamente siete de los 27 estados cumplieron el Reglamento e informaron públicamente sus autorizaciones de exportación de instrumentos policiales y de seguridad, que son controlados por la norma jurídica.
