Los supervivientes de las minas antipersonales se sienten discriminados y deben competir con otros grupos vulnerables para acceder a un número limitado de servicios, diez años después de la entrada en vigor del Tratado de Ottawa o Convención sobre la prohibición de este tipo de artefactos explosivos.
Un informe realizado por Handicap International y presentado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), que recoge las opiniones de víctimas de minas en 25 países, destaca que más de dos de cada tres personas consultadas consideran que los Gobiernos ignoran sus necesidades y que éstos carecen de voluntad política para ayudarles.
La encuesta revela que las principales necesidades de las víctimas de minas antipersona se centran en tener un empleo y oportunidades educativas, ya que el paro en este colectivo es 'altísimo'.
En cuanto a los servicios de salud, pese a los progresos en los cuidados y rehabilitación, la mayor parte de los supervivientes de estos artefactos depende de su familia.
El informe fue presentado ante una reunión en Ginebra, donde unos 150 países intentarán consensuar el plan de acción antiminas para los próximos cinco años.
La Convención sobre la prohibición de minas antipersonales entró en vigor el 1 de marzo de 1999 y, a fecha del pasado mes de febrero, está ratificada por un total de 156 países, si bien 37 Estados, entre ellos China, India, Rusia y Estados Unidos, no son parte de este tratado.
En virtud de este texto, cada Estado miembro se compromete a no emplear, poner a punto, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir minas antipersonales, y destruir todas las minas antipersonales en su posesión a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de la Convención para el Estado miembro en cuestión.
Además, los gobiernos deben destruir todas las minas antipersonales presentes en zonas de su territorio dentro de los diez años después de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado miembro.
