Después de que la policía militar las desalojara por la fuerza el pasado lunes 24 de agosto, más de 500 familias de São Paulo (Brasil) duermen ahora bajo lonas de plástico frente a los restos de sus antiguas viviendas.
Según los informes, la policía antidisturbios utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y helicópteros durante la operación de desalojo efectuada en el asentamiento de Olga Benário, en Capão Redondo, barrio del sur de São Paulo, a primeras horas de la mañana de ese lunes.
Testigos y vecinos de la zona afirman que los residentes no tenían armas cuando se desarrolló la amplia operación policial.
Durante el desalojo no estuvieron presentes representantes del Estado ni autoridades municipales, y la policía no intentó negociar con las familias ni les ofreció un alojamiento alternativo.
El desalojo se produjo tras más de una año de negociaciones infructuosas entre las autoridades municipales y los representantes de la comunidad y la presentación de varios recursos contra la orden de desalojo.
Las familias desalojadas ocupaban el terreno desde hacía más de dos años. Durante este tiempo habían construido casas sencillas, a menudo barracas de madera, donde guarecerse para criar a sus hijos y mientras intentaban encontrar trabajo.
Durante el desalojo, estallaron incendios en diversos puntos del asentamiento y se produjeron escenas de pánico mientras los residentes intentaban ayudar a los niños y a los ancianos a escapar sanos y salvos.
Muchas familias no tuvieron tiempo de vaciar sus viviendas. En los incendios y con la acción policiaca en las viviendas que no se quemaban, muchos perdieron todas sus pertenencias, incluidos sus documentos oficiales.
Algunos testigos afirman que la policía disparó a quemarropa balas de goma contra residentes desarmados y que los incendios que estallaron durante la operación fueron provocados por botes de gases lacrimógenos.
Por su parte, la policía ha señalado que los agentes respondieron a la resistencia de los residentes que trataban de impedir el desalojo levantando barricadas y arrojando piedras y cócteles molotov. Tres residentes resultaron heridos de gravedad durante la operación.
De las 800 familias desalojadas, 500 –entre cuyos miembros figuran numerosos ancianos, 200 niños y niñas, y bebés de tan sólo un mes– siguen sin alojamiento y viven en condiciones precarias en un terreno situado frente al lugar del que fueron desalojadas. No tienen comida ni mantas y padecen humedad y frío.
Tras varios días de lluvias, el lugar se ha convertido en un autentico barrizal y las familias corren peligro de ser atacadas por las ratas y contraer enfermedades. Cincuenta agentes de policía se encuentran estacionados en los alrededores.
Pese a las reiteradas peticiones formuladas por ONG locales, las autoridades municipales sólo han ofrecido colchones –considerados poco prácticos por el barro– y alimentos. Siguen las negociaciones para facilitar a las familias ayuda de emergencia y encontrar una solución duradera al problema de alojarlas.
Durante los dos años de negociaciones con los representantes de la comunidad, las autoridades municipales no ofrecieron soluciones adecuadas para satisfacer las necesidades de las familias. La mejor oferta que les hicieron –buscarles plaza en albergues municipales– era sólo una solución a corto plazo y obligaba a las mujeres, niños y niñas a separarse de sus respectivos esposos o padres.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades municipales que faciliten de inmediato ayuda de emergencia –incluidos alimentos, agua y acceso a asistencia médica– a las personas que se han quedado sin hogar como resultado del desalojo.
La organización ha solicitado a las autoridades que garanticen a todas las familias desalojadas un alojamiento alternativo adecuado, indemnizaciones por las pérdidas y el derecho a un recurso efectivo.
Les ha pedido también que ordenen de inmediato una investigación independiente y exhaustiva sobre el posible uso de fuerza excesiva por la policía durante la operación del lunes, en la que se preste especial atención al hecho de que los responsables de la cadena de mando no garantizaron protección a las familias desalojadas.
