Más de un centenar de personas han sido llevadas a juicio en Teherán, acusadas de organizar las recientes protestas civiles generalizadas, que estallaron en respuesta al anuncio oficial de que el presidente en ejercicio, Mahmoud Ahmadineyad, había ganado las elecciones presidenciales del 12 de junio.
Entre los imputados figuran un ex vicepresidente y otros ex altos cargos, el asesor de uno de los candidatos presidenciales, profesores universitarios y periodistas.
El juicio, que se celebra ante el Tribunal Revolucionario de Teherán, es el último de una serie de procedimientos injustos incoados en tribunales revolucionarios de Irán, que Amnistía Internacional ha criticado reiteradamente por no aplicarse en ellos las normas internacionales sobre juicios justos.
Se los acusa de fomentar las multitudinarias y, en su mayoría, pacíficas manifestaciones celebradas en Teherán y otras localidades en protesta por el resultado oficial de las elecciones. Son muchas las personas que cuestionan en Irán que el presidente en ejercicio ganara por una gran mayoría.
Entre los acusados figuran Mohammad Ali Abtahi, que fue vicepresidente en el gobierno del presidente Mohammad Jatami (1997-2005) y asesor del candidato presidencial Mehdi Karroubi en la reciente campaña electoral; Mohammad Atrianfar, periodista, ex viceministro y destacado miembro del Partido para la Construcción; otros ex altos cargos del gobierno del presidente Jatami; Mohammad Ali Dadkhah, famoso abogado de derechos humanos, y Maziar Bahari, periodista de doble nacionalidad, iraní y canadiense, que escribe para Newsweek.
Según la agencia oficial de noticias IRNA, los acusados se enfrentan a cargos como causar disturbios, atacar edificios militares y del gobierno, tener vínculos con grupos armados de oposición y “conspirar contra el sistema gobernante”.
Si son declarados culpables, pueden imponérseles penas de hasta cinco años de prisión, e incluso de muerte si los jueces determinan que son "mohareb" (enemigo de Dios).
El juicio, que comenzó en Teherán el sábado pasado, se celebra a puerta cerrada para todos los medios de comunicación, excepto los estatales. Amnistía Internacional ha manifestado que tiene todas las características de un juicio hecho para amedrentar, con el que las autoridades pretenden culpar de los recientes disturbios a quienes han cuestionado el resultado oficial de las elecciones y disuadir a quienes intenten continuar con las protestas.
La Fiscalía ha calificado las protestas de “delitos organizados y planeados", a pesar de que han sido en su mayoría pacíficas. Afirma que los responsables se dividen en tres grupos: “conspiradores e instigadores” de los disturbios, “grupos afiliados a servicios extranjeros” y “oportunistas y matones” que han causado daños en bienes públicos y privados y alterado “la paz y la seguridad de la sociedad”.
La mayoría de los acusados, si no todos, llevaban varias semanas recluidos en régimen de incomunicación cuando comparecieron ante el Tribunal Revolucionario el sábado pasado. Según informes, muchos han sido torturados o sometidos a otros malos tratos para obligarlos a “confesar” su participación en una conspiración contra el Estado.
En unas imágenes del juicio emitidas en la televisión estatal iraní, algunos parecían haber perdido peso y estar bajos de ánimo. Al menos cuatro destacados reformistas aparecieron contando al tribunal que ya no creían que las elecciones hubieran sido fraudulentas. A Mohammad Ali Abtahi y Mohammad Atrianfar se les vio en la televisión diciendo al tribunal que todo iraní debía creer en la custodia del líder supremo de Irán, ayatolá Jamenei.
Coacción y torturas medievales
El comportamiento de Mohammad Ali Abatí ha llevado a su esposa y a su hija a manifestar que temen que haya hecho su “confesión” coaccionado. El 2 de agosto, la televisión estatal mostró a Mohammad Ali Abtahi y Mohammad Atrianfar negando que hubieran hecho sus “confesiones” por coacción o que las autoridades los hubieran drogado antes del juicio.
Sin embargo, el candidato presidencial Mir-Hossein Musaví ha denunciado las “confesiones”, señalando que han sido obtenidas con “tortura de la Edad Media”, y Mohsen Rezaei, otro de los candidatos presidenciales, ha puesto en duda que se respeten las debidas garantías en el juicio y ha preguntado públicamente por qué no se juzga a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de homicidios de manifestantes y otras violaciones graves de derechos humanos. Las autoridades han reconocido unos 30 homicidios, pero se cree que la verdadera cifra es mayor.
Saleh Nikbakht, abogado de Mohammad Ali Abtahi y otros acusados, manifestó el sábado, tras dar comienzo el juicio: “No he tenido acceso al sumario en ningún momento desde la detención de mis clientes. No me he enterado del juicio hasta hoy, a las once y media de la mañana. Y no me han dado permiso para entrar en la sala”.
El letrado cuestionó también la validez legal del juicio, señalando que “según el artículo 135 de la Constitución iraní, los juicios en los que los abogados no están presentes son ilegales”.
Amnistía Internacional lleva muchos años documentando el uso habitual de torturas y otros malos tratos durante la prisión preventiva. A las personas imputadas en causas relacionadas con la seguridad nacional se les niega sistemáticamente el acceso a sus familias y abogados, y en muchos casos se les restringe el acceso a servicios médicos adecuados.
Los servicios de inteligencia iraníes han filmado reiteradamente a detenidos notables “confesando” imprecisos cargos, que a menudo no son delitos comunes reconocidos. Algunas de estas “confesiones” se han emitido por televisión, con frecuencia antes del juicio, lo cual compromete el derecho de los acusados a no incriminarse.
Algunas personas que han sido puestas en libertad antes o después de haber sido juzgadas han hablado del uso de técnicas de coacción en las que los funcionarios aíslan y doblegan a los detenidos hasta que acceden a hacer “confesiones” para no sufrir más malos tratos. Muchas personas se retractan posteriormente de tales “confesiones”.
Además de las más de 100 personas sometidas a juicio el sábado pasado, que está previsto que comparezcan de nuevo el 6 de agosto, otras 10 a las que las autoridades califican de “manifestantes callejeros” comparecieron el domingo ante el Tribunal Revolucionario de Teherán para ser juzgadas también. Se cree que su juicio continúa todavía.
