Legislar para dar impunidad. Esto es lo que hace España, según las ONG, al recortar la justicia universal. Esta jurisdicción se aplica a aquellos que han cometido los crímenes más graves contra la humanidad. España ya no podrá perseguir a los que cometen crímenes contra la humanidad. En los últimos años el país se había erigido como referente en materia de justicia universal, con procesos contra dictadores y genocidas. Sin embargo, el Congreso de los Diputados acaba de decidir que “España no es competente” para juzgar ese tipo de crímenes.
La Cámara española ha limitado, con la única oposición de IU-ICV y ERC, la llamada jurisdicción universal, que es la capacidad de la Audiencia Nacional para intervenir en procesos fuera de España. Gracias a esta ley la Audiencia Nacional tiene abiertas causas en el Estado por presuntos genocidios en Tíbet, China, Guatemala o Ruanda entre otros. Ahora, con los cambios, la nueva normativa sólo perseguirá delitos ocurridos fuera del Estado cuando haya españoles afectados en el caso.
"Día de luto para la justicia internacional"
ONG y movimientos sociales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras, han hecho público un manifiesto titulado "Día de luto para la justicia internacional" en el que denuncian que el recorte de lo que en su día legisló el Parlamento "tendrá graves consecuencias para la lucha contra la impunidad".
"España se preocupa más por no ofender algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales", señalan en el comunicado. Además, denuncian que la nueva normativa no garantiza que se vayan a cumplir los tratados internacionales, "lo que supondría vulnerar la Constitución española".
"Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad. no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces de la lucha contra la impunidad mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos", denuncian.
El manifiesto también solicita al gobierno que no se perjudiquen las causas actualmente y anima a la sociedad a que se sume a las convocatorias de rechazo de la reforma.
Jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco también se han posicionado en contra de la normativa ya que, en su opinión, sería "como cerrar la Seguridad Social a los extranjeros".
