Después de que un tribunal federal de apelaciones ordenara la difusión de las fotografías que retratan abusos a prisioneros de Estados Unidos en Irak y Afganistán, el presidente Barak Obama decidió el pasado miércoles dar un giro radical a su postura original y ordenó a los abogados apelar la decisión."Cualquier abuso a detenidos es inaceptable. Va contra nuestros valores. Pone en peligro nuestra seguridad. No será tolerado", dijo Obama en conferencia de prensa. Sin embargo, según informa IPS, el presidente norteamericano alegó que "la publicación de estas fotografías no aportará ningún beneficio adicional a nuestra comprensión de lo que en el pasado realizó una pequeña cantidad de individuos, de hecho, la consecuencia más directa de liberarlas será inflamar más la opinión antiestadounidense y someter a nuestras tropas en un peligro mayor", advirtió el mandatario.
La decisión no ha sido bien recibida por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, como Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional o Human Rights First.
Reporteros sin Fronteras ha manifestado en un comunicado de prensa su profunda decepción. "Después de haberse comprometido a no negarse a la decisión del tribunal, y el acento puesto por el propio presidente Obama, cuando se produjo su entrada en funciones, en la apertura y la trasparencia, este cambio de parecer es una decepción", ha declarado la organización, recordando que las declaraciones más recientes de Obama se contradicen con manifestaciones anteriores. "El viraje ha sido total. En el memorando sobre la libertad de información, Barack Obama aseguró que las ‘especulaciones’ y los ‘temores abstractos’ no podían justificar que la clasificación de documentos como confidenciales".
"No es el gobierno, sino la justicia, quien tiene que decidir si una información es, o no es, digna de interés para el público", insiste RSF, "este cambio de parecer es un revés para la libertad de prensa y el equilibrio de los poderes, que es uno de los pilares de la democracia. Llamamos al Presidente a respetar la decisión de la corte y su propio compromiso en favor de la trasparencia y la responsabilidad", ha concluído Reporteros sin Fronteras.
Por su parte, Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, dijo a IPS que la decisión "es decepcionante, particularmente porque el presidente asumió en público un compromiso con la transparencia en el gobierno".
Otras organizaciones como Human Rights First consideran vital la difusión de las imágenes, y ya han iniciado una investigación independiente para "evaluar cómo llegamos a estos abusos y proponer salvaguardas para no repetirlos".
El director ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía Internacional, Larry Cox, también manifestó su pesar ante la decisión de Obama. Ésta, considera, deja en evidencia "la necesidad urgente de una investigación que exponga, juzgue" y saque conclusiones definitivas sobre las torturas perpetradas. "Al pueblo estadounidense se le mintió", y se aprobó, en cambio, la acción de funcionarios gubernamentales que autorizaron y justificaron políticas abusivas, sostuvo Cox.
Las críticas a Obama se han dejado oír también en otras filas. El clérigo cristiano Richard Killmer, director ejecutivo de la Campaña Nacional Religiosa Contra la Tortura, cuestionó al presidente por tomar su decisión después de "prometer el gobierno ‘más abierto y transparente de la historia’". En diálogo con IPS, Killmer recomendó crear "una comisión que investigue e informe sobre el uso de la tortura desde el 11 de septiembre" de 2001, fecha de los ataques terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
También se oponen a la decisión de Obama algunos expertos legales como Francis Boyle, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, quien la calificó de "revés trágico, equivocado y sin principios". "En vez de obtener un ‘cambio’ real bajo el gobierno de Obama, el pueblo estadounidense experimenta una continuidad sin excepciones con el gobierno desacreditado y criminal de (George W.) Bush (2001-2009) en materia de derecho internacional, derechos humanos y derecho constitucional", dijo Boyle a IPS.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados, Marjorie Cohn, recordó que "quienes autorizaron los maltratos que muestran las fotografías no fueron castigados". "Al negarse a hacerlas públicas, el gobierno está ocultando evidencia que puede usarse para llevar a los reales culpables a la justicia", dijo Cohn a IPS.
Información complementaria
Una corte de apelación federal, a la que recurrió la Unión Americana para las Libertades Cívicas (ACLU), llegó a la conclusión de que no existían pruebas suficientes de que la publicación de esas fotos pudiera poner en peligro a las fuerzas norteamericanas, y a sus aliados. La corte ordenó que las imágenes se hicieran públicas, no más tarde del próximo 28 de mayo de 2009.
En abril, la administración Obama declaró a un magistrado que no se opondría a la conminación de publicar dichas fotografías, tras el procedimiento judicial iniciado por la ACLU. Sin embargo, el 13 de mayo el presidente Obama se desdijo de su promesa. Justificó la decisión tomada explicando que la publicación no iba a contribuir en nada a que la población comprendiera mejor algunas de las cuestiones suscitadas por las intervenciones militares norteamericanas en Afganistán e Irak.
Este caso recuerda al de las fotografías de Abu Ghraib. Las imágenes, difundidas en 2004, mostraron abusos y humillaciones contra detenidos en la prisión militar de Abu Ghraib, Bagdad, y desataron una indignación generalizada. Varios guardias de esa cárcel fueron condenados por cortes marciales y su comandante fue cesado. A consecuencia del escándalo, el Departamento de Defensa clausuró esa prisión, pero a comienzos de este año la reabrió, si bien la dejó bajo control iraquí.
