
Ahora, según informa Solidaridad Digital, a petición del Consejo y del Parlamento Europeo, la Comisión ha elaborado una propuesta de directiva en la que aborda esta cuestión con detalle, y que ha recibido su conformidad por parte de la Eurocámara esta semana. Los Estados comunitarios tendrán un plazo de un año para trasponer las nuevas normas.
El núcleo de la cuestión y objetivo de la directiva es confirmar el derecho de los pacientes a recibir asistencia sanitaria en un Estado miembro diferente del suyo y ser reembolsado por un importe equivalente al que se les habría abonado en su país. Así, “los países podrán mantener el actual sistema de autorizaciones previas sólo en el caso de la hospitalización y no en la asistencia sanitaria regular como hasta ahora”.
El PE ha coincidido plenamente con la Comisión en que los pacientes deben recibir dicho reembolso equivalente al que habrían abonado en su país, dejando en manos de los Estados miembros si cubren también o no otros costes relacionados, como por ejemplo, el tratamiento terapéutico, el transporte y el alojamiento.
Consejo, Comisión y Parlamento también tienen claro el caso específico de las personas con discapacidad o con enfermedades raras. En este caso particular, “consideran necesario incluir normas específicas” para estos colectivos dado que requieren “tratamientos especiales”.
“Los pacientes con enfermedades raras tendrán derecho a reembolso incluso si su país no proporciona el tratamiento en cuestión. A los pacientes discapacitados se les devolverá parte de los costes especiales que implica su tratamiento. Además, toda la información relacionada con esta directiva debe ser publicada en formatos accesibles para los discapacitados”.
Según los eurodiputados, la directiva no se aplicará a la asistencia a largo plazo y a los trasplantes de órganos.
Seguridad de los pacientes
Las infecciones y enfermedades adquiridas en los centros hospitalarios también fueron objeto de debate. Los datos obtenidos por la UE confirman que cada año se producen 37.000 muertes debidas a una infección adquirida en un hospital. En general, uno de cada 20 pacientes se ve afectado por algún tipo de infección asociada a la atención sanitaria, o lo que es lo mismo, 4,1 millones de pacientes en todo el territorio de la Unión.
Además de los daños personales causados –muchos de los cuales podrían haber sido evitados-, el Pleno recuerda que estos hechos perjudican directamente a la Sanidad pública que cuenta con recursos económicos limitados.
El informe de consulta recoge que no se puede mantener al margen las necesidades específicas de las personas mayores, que son más vulnerables a este tipo de infecciones.