Argentina cuenta desde esta semana con una ley de avanzada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que contempla agresiones físicas, psíquicas y económicas en el ámbito privado y público. El gran reto será ponerla en práctica, según informa IPS.
La nueva norma, sancionada por amplia mayoría por el Congreso legislativo el pasado miércoles, reemplaza una ley nacional sobre violencia familiar, limitada al entorno doméstico, que no reconocía que la gran mayoría de las destinatarias de las agresiones son mujeres y que no sólo las padecen en el hogar, según datos oficiales y de organismos no gubernamentales.
Varios informes calculan que 4,5 millones de mujeres por año soportan en este país alguna forma de violencia de género. En declaraciones a IPS, la socióloga Eleonor Faur, oficial de enlace en Argentina del Fondo de Población de las Naciones Unidas, afirmó que la sanción "es una excelente noticia" y destacó el reconocimiento que hace de la violencia "en sentido amplio".
De todos modos, Faur admitió que al Estado le espera un "inmenso desafío" para que sus promesas se hagan realidad. Habrá que "jerarquizar las instituciones con competencia para la aplicación de la ley y dotarlos de un presupuesto adecuado para que realmente la norma sea de protección para las mujeres", advirtió.
La funcionaria también remarcó como trascendente la puesta en marcha de un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, promovido por la nueva legislación, a fin de llevar registro de los casos en todo el país, con los mismos parámetros, y controlar la efectividad de las políticas que se apliquen.
La norma argentina está en línea con nuevas leyes contra la violencia machista en un sentido amplio aprobadas en los últimos tres años en España, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Venezuela, Guatemala y este mismo año en Colombia. Pero, en general, se denuncia que hay escasa voluntad de las autoridades para aplicarlas.
La ley argentina prevé un plan de acción nacional para combatir la violencia, garantiza el acceso a la justicia con patrocinio jurídico gratuito y "procedimientos sumarísimos", asegura la asistencia integral de las víctimas y se compromete a remover patrones socio-culturales que promueven las agresiones de género.
Retos pendientes
La directora nacional de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de la Mujer, Silvia Casiró, dijo a IPS que la puesta en vigor "será un desafío enorme". El Estado "tendrá que estar a la altura de los compromisos asumidos mediante un presupuesto acorde, tal como se establece en la ley".
"Las leyes por sí mismas pueden ser letra muerta, lo importante es que las mujeres, que somos más de 50 por ciento de la población, nos comprometamos a aplicarla en todo el país. Para eso vamos a diseñar un plan en el que participen las organizaciones de la sociedad civil, para una ejecución real y concreta", prometió Casiró.
Según un informe de la sección argentina de Amnistía Internacional, en este país la violencia contra las mujeres es "una práctica generalizada en el hogar y en la comunidad". No obstante, falta una "política eficaz, coherente y coordinada" para prevenirla y erradicarla.
En la investigación, publicada en noviembre de 2008, la entidad denunció que el Consejo Nacional de la Mujer tiene un presupuesto global que es menos de una sexta parte de lo que se destina a la promoción del turismo, y apenas un porcentaje va al tema de violencia. Ahora la ley prevé un presupuesto "acorde" a las promesas.
La ley, si bien tuvo algunas críticas aisladas de legisladoras de la oposición, por no mencionar específicamente los casos de mujeres detenidas en unidades penales, o de las que son víctimas de redes de trata para explotación sexual, fue recibida con beneplácito por la mayoría de las organizaciones feministas.
Otras formas de violencia
La ley va más allá de la violencia directa explícta y condena la violencia psicológica que causa, entre otras cosas, "disminución de la autoestima, la que busca degradar o controlar las acciones de las mujeres bajo amenazas, acoso, hostigamiento, manipulación, aislamiento, culpabilización, exigencia de obediencia, celos excesivos, ridiculización," etcétera.
También se sanciona la violencia sexual, económica, patrimonial y simbólica, que provenga del hogar, de las diversas instituciones del ámbito público y del trabajo.
En este último caso, se considera una vulneración de los derechos femeninos la solicitud de requisitos de edad, apariencia física, maternidad, y la falta de igual remuneración por igual tarea. La ley alcanza además la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva.
En estos últimos puntos, hubo una injerencia particular del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Susana Chiarotti, especialista en violencia de esa organización, dijo que sus sugerencias fueron incorporadas por las legisladoras. Desde hace casi una década, el Cladem realiza un trabajo de investigación sobre este fenómeno, y de capacitación con agentes de salud en varias provincias para frenar el maltrato de mujeres embarazadas o ingresadas por abortos clandestinos en los servicios públicos de salud.
"Es un tipo de violencia muy naturalizada, disfrazada de un paternalismo falso y que las mujeres creen que deben aceptar porque el servicio es gratuito", manifestó Chiarotti. La experta consideró que el marco jurídico que brinda esta ley "era necesario para seguir avanzando, y para dar un mensaje claro a la justicia, para que actúe con celeridad". De todos modos, la norma "será aún mejor cuando tenga un presupuesto, un plan de acción y se ponga en práctica efectivamente", advirtió. En cuanto a la violencia "que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos", hubo polémica en el parlamento. Un puñado de legisladores se abstuvo de votar el proyecto por considerar que ese artículo abría la puerta a la despenalización del aborto
La nueva norma, sancionada por amplia mayoría por el Congreso legislativo el pasado miércoles, reemplaza una ley nacional sobre violencia familiar, limitada al entorno doméstico, que no reconocía que la gran mayoría de las destinatarias de las agresiones son mujeres y que no sólo las padecen en el hogar, según datos oficiales y de organismos no gubernamentales.
Varios informes calculan que 4,5 millones de mujeres por año soportan en este país alguna forma de violencia de género. En declaraciones a IPS, la socióloga Eleonor Faur, oficial de enlace en Argentina del Fondo de Población de las Naciones Unidas, afirmó que la sanción "es una excelente noticia" y destacó el reconocimiento que hace de la violencia "en sentido amplio".
De todos modos, Faur admitió que al Estado le espera un "inmenso desafío" para que sus promesas se hagan realidad. Habrá que "jerarquizar las instituciones con competencia para la aplicación de la ley y dotarlos de un presupuesto adecuado para que realmente la norma sea de protección para las mujeres", advirtió.
La funcionaria también remarcó como trascendente la puesta en marcha de un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, promovido por la nueva legislación, a fin de llevar registro de los casos en todo el país, con los mismos parámetros, y controlar la efectividad de las políticas que se apliquen.
La norma argentina está en línea con nuevas leyes contra la violencia machista en un sentido amplio aprobadas en los últimos tres años en España, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Venezuela, Guatemala y este mismo año en Colombia. Pero, en general, se denuncia que hay escasa voluntad de las autoridades para aplicarlas.
La ley argentina prevé un plan de acción nacional para combatir la violencia, garantiza el acceso a la justicia con patrocinio jurídico gratuito y "procedimientos sumarísimos", asegura la asistencia integral de las víctimas y se compromete a remover patrones socio-culturales que promueven las agresiones de género.
Retos pendientes
La directora nacional de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de la Mujer, Silvia Casiró, dijo a IPS que la puesta en vigor "será un desafío enorme". El Estado "tendrá que estar a la altura de los compromisos asumidos mediante un presupuesto acorde, tal como se establece en la ley".
"Las leyes por sí mismas pueden ser letra muerta, lo importante es que las mujeres, que somos más de 50 por ciento de la población, nos comprometamos a aplicarla en todo el país. Para eso vamos a diseñar un plan en el que participen las organizaciones de la sociedad civil, para una ejecución real y concreta", prometió Casiró.
Según un informe de la sección argentina de Amnistía Internacional, en este país la violencia contra las mujeres es "una práctica generalizada en el hogar y en la comunidad". No obstante, falta una "política eficaz, coherente y coordinada" para prevenirla y erradicarla.
En la investigación, publicada en noviembre de 2008, la entidad denunció que el Consejo Nacional de la Mujer tiene un presupuesto global que es menos de una sexta parte de lo que se destina a la promoción del turismo, y apenas un porcentaje va al tema de violencia. Ahora la ley prevé un presupuesto "acorde" a las promesas.
La ley, si bien tuvo algunas críticas aisladas de legisladoras de la oposición, por no mencionar específicamente los casos de mujeres detenidas en unidades penales, o de las que son víctimas de redes de trata para explotación sexual, fue recibida con beneplácito por la mayoría de las organizaciones feministas.
Otras formas de violencia
La ley va más allá de la violencia directa explícta y condena la violencia psicológica que causa, entre otras cosas, "disminución de la autoestima, la que busca degradar o controlar las acciones de las mujeres bajo amenazas, acoso, hostigamiento, manipulación, aislamiento, culpabilización, exigencia de obediencia, celos excesivos, ridiculización," etcétera.
También se sanciona la violencia sexual, económica, patrimonial y simbólica, que provenga del hogar, de las diversas instituciones del ámbito público y del trabajo.
En este último caso, se considera una vulneración de los derechos femeninos la solicitud de requisitos de edad, apariencia física, maternidad, y la falta de igual remuneración por igual tarea. La ley alcanza además la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva.
En estos últimos puntos, hubo una injerencia particular del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Susana Chiarotti, especialista en violencia de esa organización, dijo que sus sugerencias fueron incorporadas por las legisladoras. Desde hace casi una década, el Cladem realiza un trabajo de investigación sobre este fenómeno, y de capacitación con agentes de salud en varias provincias para frenar el maltrato de mujeres embarazadas o ingresadas por abortos clandestinos en los servicios públicos de salud.
"Es un tipo de violencia muy naturalizada, disfrazada de un paternalismo falso y que las mujeres creen que deben aceptar porque el servicio es gratuito", manifestó Chiarotti. La experta consideró que el marco jurídico que brinda esta ley "era necesario para seguir avanzando, y para dar un mensaje claro a la justicia, para que actúe con celeridad". De todos modos, la norma "será aún mejor cuando tenga un presupuesto, un plan de acción y se ponga en práctica efectivamente", advirtió. En cuanto a la violencia "que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos", hubo polémica en el parlamento. Un puñado de legisladores se abstuvo de votar el proyecto por considerar que ese artículo abría la puerta a la despenalización del aborto
