Esta semana, afiliados y aliados de la organización no gubernamental Colombia Diversa han celebrado sus cinco años con una gran fiesta. La ocasión lo merecía porque estrenaban garantías que la Corte Constitucional acaba de conceder a homosexuales y lesbianas, al igualar sus derechos de pareja a los de los heterosexuales.
La sentencia del 27 de enero del tribunal supremo da un salto histórico en los derechos de gays y lesbianas, al otorgarles todas las garantías y beneficios de pareja que les faltaban, con excepción del matrimonio y la adopción, y coloca a Colombia a la vanguardia en América Latina en el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.
En declaraciones a IPS, Marcela Sánchez, lesbiana, activista y directora de Colombia Diversa, destacó que el fallo de la Corte completa una larga batalla por la igualdad de derechos para su colectivo y da sustento práctico y legal a la conquista de la unión marital de hecho, que el mismo tribunal otorgó en 2007.
"Uruguay fue el primer país de la región que reconoció derechos a parejas homosexuales, pero la ley uruguaya otorga en general menos derechos que los que contempla ahora la legislación colombiana", explicó Sánchez, mientras que "Argentina, México y Brasil también reconocen derechos a gays y lesbianas, pero con diferencias entre los estados o limitados a sectores específicos, como por ejemplo, funcionarios públicos".
En Colombia la sentencia abarca a todo el territorio nacional y recorre 42 artículos que en 28 códigos y leyes hacen referencia a los compañeros y compañeras permanentes o a las parejas, para dictaminar que en cada uno de los casos el beneficio, la garantía o la obligación "también cobija a las parejas y uniones del mismo sexo".
Las conquistas de los gays y lesbianas de Colombia tienen la peculiaridad, respecto a las batallas en otros países, de que su gran aliado ha sido el Poder Judicial, y no el Ejecutivo o Legislativo, donde las presiones de sectores conservadores y de la dominante Iglesia Católica han bloqueado proyectos de individualidades o fuerzas progresistas, que comenzaron a presentarse en 1999.
De hecho, en la fiesta de Colombia Diversa participaron varios de los magistrados que tienen a su cargo velar y llevar al la práctica la avanzada Constitución de 1991, con base en la cual ocho de los nueve integrantes del tribunal acogieron el 26 de enero las demandas de esta organización, al frente de una treintena de agrupaciones.
La Constitución reconoce a todos los colombianos las garantías fundamentales, sin distingo de raza o condición, y establece mecanismos de protección contra la discriminación, lo que facilitó a los activistas presentar desde 2005 consecutivas demandas en defensa de sus derechos, explicó el activista Manuel Velandia a IPS.
Después del reconocimiento en 2007 de la unión marital de hecho y la posibilidad de registrarla legalmente como tal, en 2008 la Corte otorgó derechos de alimentos, algunos patrimoniales y beneficios de salud, pero es ahora que se da el salto definitivo hacia la igualdad de los convivientes con independencia de su género.
300.000 parejas beneficiadas
La sentencia otorga a unas 300.000 parejas lesbianas, gays, bisexuales o transgéneros derechos de nacionalidad y de herencia, no tener que declarar contra su compañero o compañera, o poder ser reconocida como víctima de un delito de violencia dentro de la pareja, si es maltratada por su conviviente.
En el ámbito militar, si uno o una de los cónyuges pertenece a las Fuerzas Armadas, su pareja podrá gozar de los beneficios especiales que hasta ahora estaban limitados a las parejas heterosexuales, con tan sólo demostrar, como en otros nuevos derechos, que tienen al menos dos años de convivencia.
Y en un país inmerso en la violencia armada como Colombia, la Corte extiende a las parejas del mismo sexo el derecho a reparaciones como víctimas cuando su conviviente sufriera delitos derivados del conflicto, como muerte, tortura, abusos sexuales, desplazamientos o desapariciones forzadas.
La resolución también extiende obligaciones y limitaciones, como la que afecta a los funcionarios públicos a la hora de contratar con empresas donde participen sus parejas, o las que se derivan del fin de la convivencia.
Sánchez y Velandia comentaron que no renuncian a obtener en el futuro los dos derechos que le faltan, el matrimonio y la adopción, pero que ahora su lucha va a concentrarse en consolidar sus nuevas conquistas, porque éstas no van a hacer desaparecer la homofobia y la discriminación que siguen afectando la vida de gays y lesbianas.
Velandia recordó que ahora se cierra una lucha que los homosexuales colombianos comenzaron en 1936, aunque los primeros grupos organizados a favor de sus derechos nacieron sólo en 1977 y la despenalización de la homosexualidad no se obtuvo hasta 1980.
Avances contra la discriminación
Cada paso en el ámbito público ha sido acompañado por luchas privadas, muchas veces dolorosas, a favor del libre ejercicio de una opción sexual que no es fácilmente aceptada. Fue el caso de Elizabeth Castillo, directora del Centro Comunitario LGTB. Castillo es activista, funcionaria de la organización no gubernamental Profamilia y coordinadora del grupo de Mamás Lesbianas. "Es un grupo de apoyo que trabaja con mujeres que se reconocen lesbianas, pero no siempre saben o pueden superar las dificultades y prejuicios que mantiene nuestra sociedad", explicó Castillo.
Después de cinco años de funcionamiento, Mamás Lesbianas reúne a 400 mujeres "que con parejas e hijos conforman 400 familias. Mujeres divorciadas, madres solteras, algunas aún casadas, pero separadas, todas en busca de un camino y una realización", agregó.
Para ella, ser "activista significa inconformidad con la injusticia. Si hablamos de derechos humanos, quiere decir no admitir discusión alrededor de nuestros derechos, porque los errores no se deben repetir", sentenció.
Castillo, abogada y madre soltera, sigue sintiendo discriminación cotidiana "de muchas formas" tanto por parte de colegas como de gente en la calle, como taxistas que al llevarla a casa, se permiten todo tipo de comentarios, cuando notan que sale de una fiesta de su colectivo.
"Seguimos siendo sujetos muy vulnerables sin importar la profesión, o lo empoderadas que estemos, porque la cultura sigue siendo esencialmente homofóbica", concluyó.
Entre las lesbianas, las primeras en acogerse a la unión marital de hecho, conocida en otros países como unión civil o unión de hecho, fueron Adriana González y Marcela Rojas, quienes en 2007 se registraron como pareja, después de convivir un tiempo.
"Ya vivíamos juntas cuando murió mi madre", dijo González a IPS, y los comentarios de algunos de sus familiares sobre que colocasen como beneficiarios de la herencia a hermanos o sobrinos, "nos hicieron reflexionar y decidimos formalizar la relación y una familia, con el hijo de Marcela que hoy tiene 21 años".
Uno de sus hermanos no asistió al registro y celebración de su unión y lo calificó como "una sinvergüencería", mientras otro, pastor evangélico, dijo "que Dios las perdone". Pero las cuñadas y el padre de González las acompañaron. También la familia de Rojas, aunque luego su madre se enfermó y comentó que al saber la noticia "todos se burlaban de ella".
Cuando, poco después, la pareja fue a registrar el apartamento como propiedad familiar, en la notaría "tuvieron que hacer consultas mientras que varios funcionarios nos preguntaban insistentes, extrañados o aterrados, ¿ustedes son pareja?, aunque finalmente tuvieron que aceptarlo", dijo González.
El trabajo continúa
"Lo que se logró fue una reforma al conjunto de normas existente y ahora hay que ponerla en marcha en todos los ámbitos", declaró el abogado Mauricio Albarracín, gay y miembro del Comité Legal de Colombia Diversa.
Para lograrlo "hay que dar instrucciones a funcionarios públicos o privados y motivar a la gente para que las use, evitando más discriminación o exigencia de requisitos adicionales a los gays o lesbianas", explicó. "Que se cumpla la sentencia en todos los ámbitos", es nuestra tarea inmediata, dijo Albarracín.
Marcela Sánchez recordó que el cumplimiento del fallo "no es automático, y es necesario impulsar que con medidas gubernamentales el contenido de la sentencia supere los prejuicios, también por parte de personas que no saben usar lo que nunca han tenido". Para la directora de Colombia Diversa, la batalla va a ser larga y sigue teniendo en el horizonte los temas de la adopción y el matrimonio.
En el mundo, el matrimonio entre personas del mismo sexo se reconoce solamente en siete países, "lo que da idea del trabajo que falta", recordó. "En adopción también, pero por suerte en Colombia ésta se permite aun a personas de manera independiente a que tengan pareja o no", aclaró Sánchez.
Para avanzar, se mantendrán las variadas campañas que realizan desde hace cinco años, el acompañamiento de figuras públicas, artistas, periodistas, como el presidente de la Junta Directiva de Colombia Diversa, Virgilio Barco, hijo del fallecido ex presidente (1986-1990) del mismo nombre y hermano de la ex canciller y ahora embajadora en Estados Unidos, Carolina Barco.
"Definitivamente tener alianzas con actores con poder es importante para la causa, y tiene que ver con el capital simbólico de gays y lesbianas", agregó el abogado Albarracín.
Las mujeres lesbianas sienten que llegó el momento de decir "a la sociedad y a nosotras mismas, la importancia que representa tener nuestros derechos protegidos", concluyó Sánchez.
La sentencia del 27 de enero del tribunal supremo da un salto histórico en los derechos de gays y lesbianas, al otorgarles todas las garantías y beneficios de pareja que les faltaban, con excepción del matrimonio y la adopción, y coloca a Colombia a la vanguardia en América Latina en el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.
En declaraciones a IPS, Marcela Sánchez, lesbiana, activista y directora de Colombia Diversa, destacó que el fallo de la Corte completa una larga batalla por la igualdad de derechos para su colectivo y da sustento práctico y legal a la conquista de la unión marital de hecho, que el mismo tribunal otorgó en 2007.
"Uruguay fue el primer país de la región que reconoció derechos a parejas homosexuales, pero la ley uruguaya otorga en general menos derechos que los que contempla ahora la legislación colombiana", explicó Sánchez, mientras que "Argentina, México y Brasil también reconocen derechos a gays y lesbianas, pero con diferencias entre los estados o limitados a sectores específicos, como por ejemplo, funcionarios públicos".
En Colombia la sentencia abarca a todo el territorio nacional y recorre 42 artículos que en 28 códigos y leyes hacen referencia a los compañeros y compañeras permanentes o a las parejas, para dictaminar que en cada uno de los casos el beneficio, la garantía o la obligación "también cobija a las parejas y uniones del mismo sexo".
Las conquistas de los gays y lesbianas de Colombia tienen la peculiaridad, respecto a las batallas en otros países, de que su gran aliado ha sido el Poder Judicial, y no el Ejecutivo o Legislativo, donde las presiones de sectores conservadores y de la dominante Iglesia Católica han bloqueado proyectos de individualidades o fuerzas progresistas, que comenzaron a presentarse en 1999.
De hecho, en la fiesta de Colombia Diversa participaron varios de los magistrados que tienen a su cargo velar y llevar al la práctica la avanzada Constitución de 1991, con base en la cual ocho de los nueve integrantes del tribunal acogieron el 26 de enero las demandas de esta organización, al frente de una treintena de agrupaciones.
La Constitución reconoce a todos los colombianos las garantías fundamentales, sin distingo de raza o condición, y establece mecanismos de protección contra la discriminación, lo que facilitó a los activistas presentar desde 2005 consecutivas demandas en defensa de sus derechos, explicó el activista Manuel Velandia a IPS.
Después del reconocimiento en 2007 de la unión marital de hecho y la posibilidad de registrarla legalmente como tal, en 2008 la Corte otorgó derechos de alimentos, algunos patrimoniales y beneficios de salud, pero es ahora que se da el salto definitivo hacia la igualdad de los convivientes con independencia de su género.
300.000 parejas beneficiadas
La sentencia otorga a unas 300.000 parejas lesbianas, gays, bisexuales o transgéneros derechos de nacionalidad y de herencia, no tener que declarar contra su compañero o compañera, o poder ser reconocida como víctima de un delito de violencia dentro de la pareja, si es maltratada por su conviviente.
En el ámbito militar, si uno o una de los cónyuges pertenece a las Fuerzas Armadas, su pareja podrá gozar de los beneficios especiales que hasta ahora estaban limitados a las parejas heterosexuales, con tan sólo demostrar, como en otros nuevos derechos, que tienen al menos dos años de convivencia.
Y en un país inmerso en la violencia armada como Colombia, la Corte extiende a las parejas del mismo sexo el derecho a reparaciones como víctimas cuando su conviviente sufriera delitos derivados del conflicto, como muerte, tortura, abusos sexuales, desplazamientos o desapariciones forzadas.
La resolución también extiende obligaciones y limitaciones, como la que afecta a los funcionarios públicos a la hora de contratar con empresas donde participen sus parejas, o las que se derivan del fin de la convivencia.
Sánchez y Velandia comentaron que no renuncian a obtener en el futuro los dos derechos que le faltan, el matrimonio y la adopción, pero que ahora su lucha va a concentrarse en consolidar sus nuevas conquistas, porque éstas no van a hacer desaparecer la homofobia y la discriminación que siguen afectando la vida de gays y lesbianas.
Velandia recordó que ahora se cierra una lucha que los homosexuales colombianos comenzaron en 1936, aunque los primeros grupos organizados a favor de sus derechos nacieron sólo en 1977 y la despenalización de la homosexualidad no se obtuvo hasta 1980.
Avances contra la discriminación
Cada paso en el ámbito público ha sido acompañado por luchas privadas, muchas veces dolorosas, a favor del libre ejercicio de una opción sexual que no es fácilmente aceptada. Fue el caso de Elizabeth Castillo, directora del Centro Comunitario LGTB. Castillo es activista, funcionaria de la organización no gubernamental Profamilia y coordinadora del grupo de Mamás Lesbianas. "Es un grupo de apoyo que trabaja con mujeres que se reconocen lesbianas, pero no siempre saben o pueden superar las dificultades y prejuicios que mantiene nuestra sociedad", explicó Castillo.
Después de cinco años de funcionamiento, Mamás Lesbianas reúne a 400 mujeres "que con parejas e hijos conforman 400 familias. Mujeres divorciadas, madres solteras, algunas aún casadas, pero separadas, todas en busca de un camino y una realización", agregó.
Para ella, ser "activista significa inconformidad con la injusticia. Si hablamos de derechos humanos, quiere decir no admitir discusión alrededor de nuestros derechos, porque los errores no se deben repetir", sentenció.
Castillo, abogada y madre soltera, sigue sintiendo discriminación cotidiana "de muchas formas" tanto por parte de colegas como de gente en la calle, como taxistas que al llevarla a casa, se permiten todo tipo de comentarios, cuando notan que sale de una fiesta de su colectivo.
"Seguimos siendo sujetos muy vulnerables sin importar la profesión, o lo empoderadas que estemos, porque la cultura sigue siendo esencialmente homofóbica", concluyó.
Entre las lesbianas, las primeras en acogerse a la unión marital de hecho, conocida en otros países como unión civil o unión de hecho, fueron Adriana González y Marcela Rojas, quienes en 2007 se registraron como pareja, después de convivir un tiempo.
"Ya vivíamos juntas cuando murió mi madre", dijo González a IPS, y los comentarios de algunos de sus familiares sobre que colocasen como beneficiarios de la herencia a hermanos o sobrinos, "nos hicieron reflexionar y decidimos formalizar la relación y una familia, con el hijo de Marcela que hoy tiene 21 años".
Uno de sus hermanos no asistió al registro y celebración de su unión y lo calificó como "una sinvergüencería", mientras otro, pastor evangélico, dijo "que Dios las perdone". Pero las cuñadas y el padre de González las acompañaron. También la familia de Rojas, aunque luego su madre se enfermó y comentó que al saber la noticia "todos se burlaban de ella".
Cuando, poco después, la pareja fue a registrar el apartamento como propiedad familiar, en la notaría "tuvieron que hacer consultas mientras que varios funcionarios nos preguntaban insistentes, extrañados o aterrados, ¿ustedes son pareja?, aunque finalmente tuvieron que aceptarlo", dijo González.
El trabajo continúa
"Lo que se logró fue una reforma al conjunto de normas existente y ahora hay que ponerla en marcha en todos los ámbitos", declaró el abogado Mauricio Albarracín, gay y miembro del Comité Legal de Colombia Diversa.
Para lograrlo "hay que dar instrucciones a funcionarios públicos o privados y motivar a la gente para que las use, evitando más discriminación o exigencia de requisitos adicionales a los gays o lesbianas", explicó. "Que se cumpla la sentencia en todos los ámbitos", es nuestra tarea inmediata, dijo Albarracín.
Marcela Sánchez recordó que el cumplimiento del fallo "no es automático, y es necesario impulsar que con medidas gubernamentales el contenido de la sentencia supere los prejuicios, también por parte de personas que no saben usar lo que nunca han tenido". Para la directora de Colombia Diversa, la batalla va a ser larga y sigue teniendo en el horizonte los temas de la adopción y el matrimonio.
En el mundo, el matrimonio entre personas del mismo sexo se reconoce solamente en siete países, "lo que da idea del trabajo que falta", recordó. "En adopción también, pero por suerte en Colombia ésta se permite aun a personas de manera independiente a que tengan pareja o no", aclaró Sánchez.
Para avanzar, se mantendrán las variadas campañas que realizan desde hace cinco años, el acompañamiento de figuras públicas, artistas, periodistas, como el presidente de la Junta Directiva de Colombia Diversa, Virgilio Barco, hijo del fallecido ex presidente (1986-1990) del mismo nombre y hermano de la ex canciller y ahora embajadora en Estados Unidos, Carolina Barco.
"Definitivamente tener alianzas con actores con poder es importante para la causa, y tiene que ver con el capital simbólico de gays y lesbianas", agregó el abogado Albarracín.
Las mujeres lesbianas sienten que llegó el momento de decir "a la sociedad y a nosotras mismas, la importancia que representa tener nuestros derechos protegidos", concluyó Sánchez.
