El relator de la ONU contra la Tortura, Manfred Nowak, apeló a los gobiernos europeos para que reciban a ciertos detenidos de Guantánamo.
“Es muy claro que no todos pueden ser simplemente liberados en Estados Unidos de América”, señaló Nowak.
Durante una entrevista a la Radio de Naciones Unidas, Nowak dijo que comenzó a contactar gobiernos, sobre todo europeos, en 2006, para convencerlos de que aceptaran asumir esa responsabilidad.
“Algunos de los detenidos son inocentes o no son peligrosos, y no deben estar durante años en detención arbitraria”, apuntó el relator.
Nowak ofreció apoyo para formar una comisión que viaje a Guantánamo y hable de manera individual con cada detenido, a fin de determinar si quiere regresar a su país de origen, lo que sería la mejor solución.
“Hay otro grupo de detenidos que tiene que ser trasladado a Estados Unidos para ser sometido a la justicia, pero ante los tribunales ordinarios del país.
Pero hay otra categoría de personas que no van a ser sometidas a juicio porque no hay suficientes pruebas contra ellas. No han cometido actos terroristas, y al mismo tiempo no pueden ser enviadas a sus países de origen porque existen graves riesgos de tortura o de violaciones de derechos humanos”, indicó Nowak.
Agregó que para acoger a estas personas, que no son más de 100, es que apela a los gobiernos, sobre todos los europeos, que a su entender tienen una obligación moral de hacerlo, porque son los aliados de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.
En cuanto a las alegaciones de uso de tortura contra los detenidos de Guantánamo, Nowak destacó que se debe hacer una investigación independiente de los hechos, porque no todos fueron sometidos a esa práctica. Las modalidades de esa investigación deben ser definidas por las autoridades estadounidenses.
“Si en función de esta investigación Estados Unidos concuerda en que hubo tortura, se deben tomar las medidas necesarias, conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, puntualizó el relator.
El experto recordó que todas las víctimas de tortura tienen derecho a una reparación, que puede consistir en rehabilitación, o en una indemnización financiera.
La Convención de la ONU contra la tortura, agregó Nowak, también impone que quienes cometieron ese tipo de actos sean llevados a la justicia penal.
“Y si se establece que ciertas personas ordenaron o condonaron estas prácticas de tortura en la cadena de mando, ellas también serán responsabilizadas”, concluyó el relator.
“Es muy claro que no todos pueden ser simplemente liberados en Estados Unidos de América”, señaló Nowak.
Durante una entrevista a la Radio de Naciones Unidas, Nowak dijo que comenzó a contactar gobiernos, sobre todo europeos, en 2006, para convencerlos de que aceptaran asumir esa responsabilidad.
“Algunos de los detenidos son inocentes o no son peligrosos, y no deben estar durante años en detención arbitraria”, apuntó el relator.
Nowak ofreció apoyo para formar una comisión que viaje a Guantánamo y hable de manera individual con cada detenido, a fin de determinar si quiere regresar a su país de origen, lo que sería la mejor solución.
“Hay otro grupo de detenidos que tiene que ser trasladado a Estados Unidos para ser sometido a la justicia, pero ante los tribunales ordinarios del país.
Pero hay otra categoría de personas que no van a ser sometidas a juicio porque no hay suficientes pruebas contra ellas. No han cometido actos terroristas, y al mismo tiempo no pueden ser enviadas a sus países de origen porque existen graves riesgos de tortura o de violaciones de derechos humanos”, indicó Nowak.
Agregó que para acoger a estas personas, que no son más de 100, es que apela a los gobiernos, sobre todos los europeos, que a su entender tienen una obligación moral de hacerlo, porque son los aliados de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.
En cuanto a las alegaciones de uso de tortura contra los detenidos de Guantánamo, Nowak destacó que se debe hacer una investigación independiente de los hechos, porque no todos fueron sometidos a esa práctica. Las modalidades de esa investigación deben ser definidas por las autoridades estadounidenses.
“Si en función de esta investigación Estados Unidos concuerda en que hubo tortura, se deben tomar las medidas necesarias, conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, puntualizó el relator.
El experto recordó que todas las víctimas de tortura tienen derecho a una reparación, que puede consistir en rehabilitación, o en una indemnización financiera.
La Convención de la ONU contra la tortura, agregó Nowak, también impone que quienes cometieron ese tipo de actos sean llevados a la justicia penal.
“Y si se establece que ciertas personas ordenaron o condonaron estas prácticas de tortura en la cadena de mando, ellas también serán responsabilizadas”, concluyó el relator.
