Por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España (MARM) reconoció la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Ejecutivo de ese país europeo.
En una reunión convocada por el Ministerio, aparecía en el orden del día un punto en el que se leía textualmente: “Coexistencia de maíz modificado genéticamente con maíz convencional y ecológico. Experiencias de agricultores afectados”.
Estos efectos sociales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España llevan siendo denunciados por las organizaciones ecologistas y agrarias desde hace una década.
También en una reciente reunión con los colectivos ambientales y agrarios, el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, reconocía que las empresas como Monsanto “realizan una constante labor de lobby en el Ministerio” y que “los casos de contaminación por transgénicos son indignantes”.
El propio Casas afirmaba también que “votaba siempre a favor de los transgénicos en el Consejo Interministerial de OMG” (Organismos Modificados Genéticamente) del Gobierno español, a pesar de reconocer él mismo que no entiende sobre transgénicos
Y a pesar de estos reconocimientos tácitos, los miembros del MARM insistieron en que los transgénicos son una opción, y advirtieron que el Gobierno de España no va a frenarlos.
En España, las organizaciones ambientales y agrarias llevan años denunciando los peligros de los Organismos Modificados Genéticamente, así como la falta de transparencia del gobierno Español, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, y los reiterados casos de contaminación, etc.
Ejemplos positivos en Europa
El pasado 10 de octubre la coalición que gobierna Irlanda publicó un acuerdo en el que especifica que se “declarará a la República de Irlanda Zona Libre de Transgénicos, libre del cultivo de cualquier planta modificada genéticamente”.
Irlanda se suma así a Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo, Hungría, Italia, Polonia y Alemania que ya mantienen algún tipo de prohibición sobre el cultivo de organismos modificados genéticamente.
