
“Nadie, ni siquiera un jefe de Estado, debe gozar de inmunidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad”, ha dicho la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan. “No debe haber más intentos de retrasar la justicia en el caso del presidente al-Bashir”, añade.
El presidente al-Bashir ha visitado varios países en las últimas dos semanas, entre ellos Egipto y Libia, donde fue recibido por las más altas instancias del gobierno, a pesar de la orden de detención dictada contra él por la Corte Penal Internacional (CPI).
La Liga Árabe declaró el 4 de marzo, en respuesta a la orden de detención de la CPI, que considera que el presidente al-Bashir goza de inmunidad procesal como actual jefe de Estado. Esta afirmación es contraria al derecho internacional. Tratando de obstaculizar la justicia internacional, la Unión Africana y la Liga Árabe han solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que invoque el artículo 16 del Estatuto de Roma, lo cual supondría que el fiscal suspendiera el caso durante un año.
En esta misma línea se expresaba ayer en Doha el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presente en la Cumbre de la Liga Árabe, quien hizo un llamamiento a los países árabes a trabajar juntos para superar las tensiones creadas por la reciente decisión de la Corte Penal Internacional.
Doble rasero
“El hecho de que la Liga Árabe haya sido la primera en pedir justicia internacional en el reciente conflicto de Gaza hace aún más incomprensible que ahora ayude activamente al presidente al-Bashir en sus esfuerzos por escapar de la justicia”, sostiene Irene Khan. “La Liga Árabe debe aplicar el mismo rasero a los crímenes perpetrados en Sudán que exige para los crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional perpetrados durante el reciente conflicto de Gaza. No puede aplicar un doble rasero.”
En este sentido, según Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense y los Estados de la Unión Europea también han aplicado un doble rasero, apoyando activamente la orden de detención de la CPI contra el presidente al-Bashir mientras que hasta ahora obstaculizan la apertura de una investigación exhaustiva de la ONU sobre crímenes de guerra y otras violaciones perpetradas en Gaza y el sur de Israel.
Ayuda humanitaria
Tanto Ban Ki-moon como Irene Kahn han hecho pública su preocupación ante la situación humanitaria en Sudán tras a expulsión por parte del gobierno de ese país de 13 organizaciones no gubernamentales internacionales y la suspensión de otras tres agencias humanitarias nacionales, tras la decisión de la CPI.
“Los esfuerzos de asistencia no se pueden mezclar con el proceso de la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, la paz y la justicia son principios fundamentales de las Naciones Unidas con los que todos debemos estar comprometidos”, ha declarado Ban.
Por su parte, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sudán que permita el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria tras la expulsión de las organizaciones humanitarias internacionales. Una medida, señala, que ha dejado a más de 2,4 millones de personas en peligro de morir de hambre y de contraer graves enfermedades si no reciben acceso inmediato a la ayuda humanitaria.
“Los habitantes de Sudán no deben ser utilizados como rehenes por su propio gobierno, que debe garantizar la entrega de la ayuda humanitaria y la capacidad de las organizaciones humanitarias para operar en la región, independientemente de que el gobierno se oponga a la decisión de la CPI”, ha manifestado Irene Khan.