
La declaración, conocida como la Declaración de Manila, identifica los problemas que las compañías mineras y otras industrias acarrean a los pueblos indígenas, y llama a la acción.
Piden a todos los países que ratifiquen el Convenio 169, y a las empresas multinacionales que respeten sus normas. Hasta la fecha, sólo 20 países han ratificado el convenio.
La declaración añade: “Los proyectos de industrias extractivas no pueden tener preferencia sobre nuestro derecho a las tierras”.